En un dictamen del 2007, el contralor Ramiro Mendoza determinó que el Movimiento de Izquierda Revolucionaria era "una empresa" antes de ser proscrito por la Junta Militar.
Esto les permite a cerca de 20 de sus ex militantes recibir hoy una pensión estatal, aduciendo que fueron despojados de su fuente laboral tras el 11 de septiembre de 1973. Andrés Pascal Allende es el mandatado por el Ministerio del Interior para certificar quiénes eran los funcionarios remunerados. La idea de los ex miristas es que el beneficio se amplíe a casi 400 personas.
Andrés Pascal Allende en la Universidad Arcis, donde se desempeña como vicerrector de Planificación.
Andrés Pascal Allende está sentado detrás de un escritorio mientras resuelve si firma o no los documentos que han llegado a sus manos. Enfrente suyo se ubican los dueños de dichos documentos, quienes han resumido allí su historia política con la esperanza de ser reconocidos como "ex funcionarios rentados" del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). Soledad Undurraga Lapostol: ´´No nos tomaron lo suficientemente en serio´´ Pascal los ha citado en horario de oficina, pues en su calidad de ex secretario general del MIR es la persona autorizada por el gobierno de Michelle Bachelet para acreditar cuáles de sus antiguos compañeros recibieron una remuneración como "ex empleados del movimiento" hasta antes del 11 de septiembre de 1973.
Si Pascal Allende les da su visto bueno, varios podrán aspirar a recibir un beneficio previsional como exonerados políticos. No bajo la condición de trabajadores removidos de algún organismo público -como fue en la mayoría de los casos registrados tras el golpe militar-, sino en virtud de haber realizado un trabajo remunerado para la empresa denominada MIR. Una singular categoría que, a contar de octubre del 2007, la Contraloría General de la República concedió a este movimiento. Esto, para poder entregarles una pensión vitalicia a quienes desempeñaron una "actividad pagada" en sus filas hasta que fueron proscritos por la Junta Militar.
Hoy, ese beneficio se encuentra vigente desde 1998 para cientos de ex funcionarios de los partidos adscritos a la Unidad Popular y a la DC. En el caso del MIR, lo recibieron desde ese año hasta el 2003, cuando el entonces contralor, Gustavo Sciolla, lo cesó. Ocho personas alcanzaron a acogerse. Ahora, tras el dictamen de Ramiro Mendoza, el número de ex miristas que lo obtiene alcanza a las 20 personas. En promedio, reciben $120 mil mensuales, aunque cada caso es distinto debido a que en dicho monto influye la historia previsional de cada uno.
Antiguos líderes del MIR quieren ampliar la prerrogativa para "otros 400 ex compañeros que también cumplieron trabajos en la organización". La idea es mejorar la situación económica de los ex militantes que hoy, pese a su edad, no cuentan con previsión social. Esto, argumentan, como consecuencia de la opción política que tomaron, la cual en muchos casos les impidió desempeñarse en otras actividades laborales. Es más: Andrés Pascal piensa que éste es un gesto que debe extenderse también a los dirigentes de la cúpula del MIR que, como él, vivieron gran parte de su vida en la clandestinidad. Desde la oficina que ocupa como vicerrector de Planificación de la Universidad Arcis, sostiene que cumple con los requisitos para ser calificado como un exonerado político, porque fue "un funcionario más" del movimiento que encabezó durante tanto tiempo. Aduce, además, que se dedicó por completo a la actividad política desde 1969 y, por lo tanto, hoy, a los 64 años, no tiene algún tipo de previsión que asegure su vejez.
Los argumentos de Pascal apuntan más bien a una reparación que debe hacer el Estado a quienes sufrieron persecución política. Ése fue uno de los planteamientos de fondo que estuvo presente en las primeras reuniones que sostuvieron los representantes del MIR con los ex ministros Belisario Velasco, en 2006; y con Osvaldo Andrade, en 2008. Ambos en su momento se mostraron llanos a encontrar una solución. El ex titular del Interior les ofreció en ese entonces 15 pensiones de gracia, las que no lograron concretarse porque el secretario de Estado dejó la cartera. El giro de la empresa El actual contralor general de la República, Ramiro Mendoza, reinterpretó la ley de manera favorable al referente de izquierda, después de recibir un oficio que provenía del Ministerio del Interior. Con más exactitud del escritorio que ocupa Marta Joignant como coordinadora del programa de exonerados políticos de esa cartera.
La Contraloría redactó en octubre del 2007 los fundamentos del dictamen donde establece que el MIR será considerado una empresa para efectos de garantizar el pago de previsiones sociales a sus ex funcionarios. Sobre la base de los requisitos que exige el Código del Trabajo, el contralor adujo que este movimiento cabe en la amplia definición de empresa que dispone el texto legal, porque presenta una estructura organizada, una dirección definida, y una finalidad propia y específica. En contraposición a su antecesor en el cargo, Gustavo Sciolla -quien en 2003 privó al MIR de esa condición, porque estimó que fue un movimiento de hecho-,
Mendoza dispuso que la normativa que dictó la Junta Militar para proscribir a las agrupaciones de inspiración marxista, acreditó -paradójicamente- la existencia del MIR como movimiento político formal. Según este criterio, el referente fundado por Miguel Enríquez cumple con las condiciones de las entidades privadas que fueron intervenidas por el gobierno militar el 11 de septiembre de 1973. Bajo esa consideración, los trabajadores que allí recibieron un sueldo mensual hasta esa fecha pueden ser calificados como exonerados, pues perdieron su fuente laboral cuando sus empleadores se vieron obligados a cerrar la empresa. ¿Funcionarios pagados?
Algunos de los precursores de esta iniciativa dentro del MIR -como Juan Parra y Henry Crisóstomo- admiten que es difícil atribuirle un giro comercial a la colectividad. Reconocen que tampoco les agrada la idea de ser considerados miembros de una especie de "empresa revolucionaria". Sin embargo, piensan que es el único mecanismo para reparar el daño que sufrió la organización como consecuencia de la represión política. Por eso, describen su giro o razón social como "político y social". Los ex dirigentes admiten que dentro del movimiento existía una amplia gama de militantes que recibían remuneraciones. Lo mismo ha sostenido Andrés Pascal durante el proceso de acreditación que le encargó el Ministerio del Interior, pues enfrente suyo ha tenido la hoja de vida de un amplio espectro de ex militantes. Porque en la condición de trabajadores rentados de esa agrupación es posible encontrar desde ex integrantes de la comisión política hasta personas que cumplían funciones de secretaría en las sedes regionales ubicadas a lo largo del país.
No obstante, según una antigua simpatizante del movimiento, el número de "profesionales" del MIR siempre fue bajo, pues los dirigentes históricos siempre privilegiaron el trabajo voluntario entre sus adherentes. Hoy, quienes aspiran a ser reconocidos en esa condición deben confiar casi siempre en la memoria del ex secretario general de la organización, o en la de algunas de las otras personas que lo secundan en el proceso de acreditación. Sucede que desde el punto de vista formal, la agrupación nunca utilizó documentos que avalaran un contrato de trabajo. Éstos fueron hechos más bien sobre la base de un acuerdo de palabra. Además, el origen del dinero provenía en parte de las cotizaciones que pagaban los militantes. Pero también eran recursos aportados por privados o desvíos de algún organismo público.
Eso por lo menos se sostiene en un correo electrónico que circula dentro de la red privada en internet que un grupo de ex miristas hoy mantiene: "Personalmente, tengo serias dudas sobre esta categoría de exonerados del MIR. Yo fui un profesional del partido entre 1967 y 1969 que fue "financiado" con un préstamo de estudios de la Junta de Auxilios Escolar y Becas". ¿Qué diría Míguel Enríquez? Quizá, el certificado más polémico del cual tuvo conocimiento Andrés Pascal fue el de Jaime Yovanovic Prieto. Próximo a cumplir los 61 años y con aspiraciones de recibir una pensión vitalicia, él fue acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato del general Carol Urzúa. El atentado lo efectuó una célula mirista en diciembre de 1983, y tras el violento crimen, quien hoy se define como trabajador a contrata del movimiento, se asiló en la Nunciatura Apostólica durante 71 días. Jaime Yovanovic aparece también en la lista oficial de exonerados políticos que ha calificado el Ministerio del Interior.
En esa misma nómina figuran varias militantes históricas que cumplieron importantes labores de enlace en la clandestinidad, como es el caso Nuvia Becker o Viviana Uribe Tamblay, quienes trabajaron con el fundador del MIR, Miguel Enríquez. La condición de estos ex militantes, como de otros, ha suscitado una polémica entre los otrora miembros del movimiento. Muchos de los que se manifiestan contrarios a figurar como "funcionarios rentados", arguyen que la iniciativa es más bien una idea de pocos, sobre todo de ex dirigentes.Andrés Pascal desestima dichos juicios: "¿Cuál es la diferencia entre un integrante de la comisión política y un funcionario del Comité Regional?Todos teníamos el mismo compromiso popular y entregamos nuestras vidas en iguales condiciones".
Un reflejo de la tensión interna que ha suscitado la iniciativa quedó plasmado en los correos electrónicos que han intercambiado en estos días antiguos adherentes. Allí hay personas que han confesado su total decepción, preguntándose qué dirían ante esta situación fundadores del movimiento como Miguel Enríquez o Bautista Von Schowen. "No quisiera criticar el hecho que alguno de nosotros reciba una pensión si está en malas condiciones económicas. Sin embargo, cabe preguntarse en qué momento el MIR firmó un contrato con nosotros prometiendo un trabajo para el resto de nuestras vidas. Siempre pensé que éramos distintos al PS o al PC, cuando ellos se conformaban con aspirar a un buen puesto de gobierno. Parece que ello fue un error", sentencia un e-mail de un ex militante.
En el otro extremo de esta argumentación se encuentra el director de la revista Punto Final, Manuel Cabieses, quien rescata ese beneficio como una forma de asegurar una futuro más digno para quienes enfrentan una dura situación económica. Lo mismo cree el director del Servicio Médico Legal y ex MIR, Patricio Bustos, quien ve en esta medida una vía legítima para reparar "el daño que produjo la lucha contra la dictadura" en esa organización. Más allá de estas diferencias de visión, la realidad parece ser adversa a los intereses del grupo que aspira a obtener reconocimiento como exonerados políticos. Ocurre que ha interferido en ello un factor técnico que obligó al INP a rechazar la mayoría de las solicitudes, por cuanto los militantes del Mir no cumplirían con el mínimo de años que exige la ley respecto a la antigüedad previsional. Hasta el momento, se han concedido alrededor de 20 pensiones de un total de más de 400 peticiones que se han presentado en el último tiempo. Andrés Pascal y Jaime Yovanovic estarían en el grupo de funcionarios rechazados por el INP. En los próximos meses debería zanjarse cuántos ex miristas se acogerán definitivamente al aporte fiscal. Revista Qué Pasa quepasa@copesa.cl Consorcio Periodístico de Chile S.A. - Derechos Reservados.
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